Free xml sitemap generator Derecho Laboral y Otras cosas: septiembre 2009

PRESENTACIÓN.

Con este blog vamos a intentar, a través de la publicación periódica de artículos, dar una visión actual del derecho laboral y de la prevención de riesgos laborales. Intentaremos con dicha información resultar útil a aquellos empresarios, trabajadores y profesionales que estén interesados en estos temas.

martes, 1 de septiembre de 2009

LA PRESTACION DE DESEMPLEO

Introducción

En este artículo trataremos de dar una visión general de la prestación por desempleo regulada en el art. 266 y ss. de la Ley General de Seguridad Social y en el Real Decreto 625/1985. Para ello definiremos los requisitos para su cobro, el tiempo durante el cual se cobra y la cuantía del mismo. También enumeraremos las causas que determinan la suspensión y la extinción de la prestación y finalmente haremos una mención al Real Decreto Ley 16/2014 , por el que se regula el programa de activación para el empleo, prorrogado por el Real Decreto Ley 1/2016 por el que se regula el programa temporal de activación para el empleo.


Requisitos para tener derecho a la prestación por desempleo.
  • Estar afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada al alta (se consideran situaciones asimilada al alta (excedencia forzosa por elección para un cargo público o sindical, traslado o desplazamiento temporal por la empresa fuera del territorio nacional, retorno de trabajadores emigrantes, servicio militar o prestación social sustitutoria, invalidez provisional, liberación por cumplimiento de condena o libertad condicional, trabajadores fijos discontinuos no llamados al reiniciarse la actividad correspondiente, huelga legal, excedencia por cuidado de hijo, adoptado o acogido menor de 3 años). En caso de falta de cumplimiento por el empresario de las obligaciones de afiliación y alta, el INEM pagaría las prestaciones por desempleo, sin perjuicio de las acciones que pueda adoptar contra la empresa infractora y la responsabilidad que corresponde a esta por las prestaciones abonadas.

  • Encontrarse en situación legal de desempleo y acreditar disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar colocación adecuada a través de la suscripción del compromiso de actividad.

  • Tener cubierto un periodo mínimo de cotización de 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en el que ceso la obligación de cotizar.

  • No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión de jubilación, salvo que el trabajador no acredite el periodo de cotización requerido para ello o se trate de supuestos de suspensión de relaciones laborales o reducción de jornada autorizados por resolución administrativa.

Situación legal de desempleo.


Como hemos visto más arriba uno de los requisitos para cobrar la prestación de desempleo es el de estar en situación legal de desempleo. La situación legal de desempleo abarca los siguientes supuestos:


  • Extinción del contrato de trabajo: en virtud de despido colectivo; muerte jubilación o incapacidad del empresario individual, cuando determinen la extinción del contrato de trabajo; despido; despido basado en causas objetivas; resolución voluntaria por parte del trabajador en los supuestos de traslado, modificación sustancial de las condiciones de trabajo o incumplimientos graves de sus obligaciones contractuales por parte del empresario; expiración del tiempo convenido y por la realización de la obra o servicio objeto del contrato; por resolución de la relación laboral durante el periodo de prueba a instancia del empresario, en este caso siempre y cuando la extinción de la relación anterior se haya debido a cualquier otra causa de las que dan lugar a la situación legal de desempleo o hayan transcurrido más de 3 meses desde esa extinción; por extinción del contrato de trabajo por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de genero.

  • Extinción de relación administrativa.

  • Suspensión de la relación laboral: En virtud de decisión del empresario de acuerdo con lo establecido en el art. 47 del Estatuto de los Trabajadores, En virtud de resolución judicial adoptada en procedimiento concursal; por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de genero.

  • Reducción temporal de la jornada de trabajo por decisión del empresario según lo establecido en el art. 47 del Estatuto de los Trabajadores o en virtud de resolución judicial adoptada en procedimiento concursal.

  • Trabajadores fijos discontinuos en los periodos de inactividad productiva.

  • Trabajadores retornados por extinguírseles la relación laboral en el país extranjero, siempre que no obtengan prestación por desempleo en dicho país y acrediten cotización suficiente antes de salir de España.

Duración de la prestación.

En cuanto a la duración de la prestación esta viene determinada por los periodos de ocupación cotizada en los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo o en el momento en que ceso la obligación de cotizar. aplicando a los mismos la siguiente escala:

En los casos de trabajos a tiempo parcial un día trabajado corresponde a un día cotizado, independientemente de la duración de la jornada.

Cuantía de la prestación.

A la hora de calcular la cuantía de la prestación el primer paso es calcular la base reguladora diaria de la prestación. La misma se calcula tomando las cotizaciones por la contingencia de desempleo de los 180 últimos días cotizados (excluyendo la retribución por horas extraordinarias) y posteriormente se divide entre 180. Una vez obtenida la base reguladora diaria de la prestación se le aplicarán los siguientes porcentajes:
  • 70% durante los 180 primeros días.

  • 50% a partir del día 181.
Hay que tener en cuenta a la hora de calcular la prestación los topes mínimos y máximos de la misma que durante el año 2017 y 2018, siempre teniendo en cuenta una jornada completa, son:
 
Tope mínimo de la prestación:


  • Si el trabajador no tiene hijos a su cargo, la cuantía de la prestación no podrá ser inferior al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual vigente en el momento del nacimiento del derecho, incrementado en una sexta parte: 497euros/mes en 2017 y 501,98 euros mes en 2018.

  • Si el trabajador tiene al menos un hijo a su cargo, el importe de la prestación no podrá ser inferior al 107% del IPREM mensual vigente en el momento del nacimiento del derecho, incrementado en una sexta parte:664,74 euros/mes en 2017 y 671,40 en 2018.

Tope máximo de la prestación:


  • Si el trabajador no tiene hijos a su cargo, la cuantía de la prestación por desempleo será como máximo del 175% del IPREM mensual vigente en el momento del nacimiento del derecho, incrementado en una sexta parte: 1.087.20 euros/mes en 2017 y 1.098,09 euros/mes en 2018.

  • Con un hijo a su cargo, el tope máximo es del 200% del IPREM mensual vigente en el momento del nacimiento del derecho, incrementado en una sexta parte: 1.242,52 euros/mes en 2017 y 1.254,96 en 2018.

  • Con dos o más hijos a su cargo, el 225% del IPREM mensual vigente en el momento del nacimiento del derecho, incrementado en una sexta parte: 1.397.83 euros/mes en 2017 y 1.411,83 en 2018.

Nacimiento del derecho.

El derecho a la prestación por desempleo nace el día siguiente al de la situación legal de desempleo, siempre que se solicite en el plazo de 15 días a contar desde la misma. La solicitud requerirá la inscripción como demandante de empleo y la suscripción del documento de actividad.

En el supuesto que el trabajador no solicitare la prestación de desempleo en el plazo de 15 días desde la fecha de despido y lo hiciere con posterioridad, perderá tantos días de prestación como medien entre la fecha en que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho de haberse solicitado en tiempo y forma y aquella en que efectivamente se hubiese formulado la solicitud.

Suspensión del derecho.

Las causas para la suspensión de la prestación por desempleo se enumeran en el art. 212 de la Ley General de Seguridad Social y son las siguientes:


  • Imposición de sanción por infracciones leves y graves en los términos establecidos en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden de lo Social: No renovar la demanda de empleo; no devolver en plazo al INEM justificante de haber comparecido a las ofertas de empleo, salvo causa justificada; no cumplir las exigencias del compromiso de actividad, salvo causa justificada o que la conducta este tipificada como otra infracción.

  • Mientras el titular del derecho este cumpliendo condena que implica privación de libertad (se puede seguir cobrando en caso de que el titular tenga responsabilidades familiares).

  • Trabajo por cuenta ajena de plazo inferior a doce meses o por cuenta propia de duración inferior a 60 meses. En este caso la prestación se reanuda a solicitud del interesado si se acredita la finalización de la causa de la suspensión y el mantenimiento de los requisitos para ser beneficiario.

  • Mientras dure el traslado al extranjero para la realización de un trabajo o el perfeccionamiento profesional por plazo inferior a 6 meses o estancia por tiempo de hasta 90 días por año natural, siempre que se haya comunicado y autorizado por la entidad gestora.


Extinción del derecho.

Sus causas se enumeran en el art. 213 de la Ley General de la Seguridad Social y son las siguientes:


  • Agotamiento del plazo de duración de la prestación.

  • Imposición de sanción en los términos previstos en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

  • Realización de un trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a 12 meses o realización de un trabajo por cuenta propia por tiempo igual o superior a 24 meses. En este caso el trabajador puede optar, en el caso de que se le reconozca una nueva prestación, entre reabrir el derecho inicial por el periodo que le restaba y las bases y tipos que le correspondían, o percibir la prestación generada por las nuevas cotizaciones efectuadas.

  • Cumplimiento por parte del titular del derecho de la edad ordinaria de jubilación, salvo que el trabajador no acredite el periodo de cotización requerido para ello, o se trate de supuestos de suspensión de relaciones laborales o reducción de jornada autorizados por resolución administrativa.

  • Pasar a ser pensionista de jubilación, o por incapacidad total o absoluta, o por gran invalidez. El declarado afecto de una incapacidad permanente total puede optar entre percibir la prestación de desempleo que le corresponde, además de la pensión de incapacidad.

  • Traslado de residencia al extranjero en los casos en que no sea causa de suspensión de la  prestación por desempleo.

  • Renuncia voluntaria al derecho.

Real Decreto Ley 16/2014 , por el que se regula el programa de activación para el empleo, prorrogado por el Real Decreto Ley 1/2016.
 
Establece como requisitos para cobrar las ayudas económicas unidas al mismo:
  • Haber transcurrido al menos un mes desde el agotamiento de cualquier prestación o subsidio por desempleo o ayuda.  No se considerará agotamiento la extinción derivada de una sanción o baja en el derecho por causa imputable al beneficiario.
  • Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo a fecha 1 de mayo de 2017 o haberlo estado el 1 de diciembre de 2014 o el 1 de abril de 2016. Este requisito se entenderá cumplido en los supuestos en que el trabajador, aún no estando inscrito como demandante de empleo en alguna de dichas fechas, tenga interrumpida la inscripción debido a la realización de un trabajo por cuenta ajena, siempre que la duración del contrato haya sido por tiempo inferior a 90 días.
  • Haber permanecido inscrito como demandante de empleo durante 270 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de incorporación al programa.
  • Carecer del derecho a la protección contributiva o asistencial por desempleo o a la renta activa de inserción.
  • Haber cesado involuntariamente en un trabajo por cuenta ajena previamente al agotamiento del último derecho de los contemplados en el primer punto. Además, si se hubiera trabajado tras el agotamiento de dicho derecho, haber cesado de forma involuntaria en el último trabajo realizado.
  • Carecer de rentas, de cualquier naturaleza, superiores en cómputo mensual al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, y acreditar responsabilidades familiares. A estos efectos no se tendrán en cuenta las rentas derivadas de las actividades compatibles con la ayuda.
  • En el caso de que tras el agotamiento de alguna de las prestaciones o ayudas incluidas en el primer punto de este apartado, se hubiese percibido cualquier tipo de rentas mínimas, salarios sociales o ayudas análogas de asistencia social concedidas por cualquier Administración Pública, deberá haber transcurrido como mínimo un mes desde la finalización de la percepción de estas rentas antes de la solicitud de este programa.
  • Cumplir con las obligaciones de activación previstas en el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre.
 
La modalidad de pago único.

Se trata de la posibilidad de pedir el valor actual de la prestación por desempleo de una única vez, posibilidad que existe en los siguientes casos:


  • Socios trabajadores o de trabajo en cooperativas o sociedades laborales. En este caso se puede obtener hasta el 100% de la prestación, descontado el interés legal del dinero para aportaciones al capital y gastos de constitución de la sociedad. El resto del dinero se percibiría en forma de subvenciones a las cotizaciones sociales.

  • Trabajadores autónomos. En este caso el abono de la prestación por una sola vez será por la inversión necesaria para desarrollar la actividad incluidas cargas tributarias, pudiendo alcanzar el 100% de la prestación. Igual que en el caso anterior el resto del dinero se podrá percibir en forma de subvenciones a las cotizaciones sociales.

Más información.


COORDINACION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS

Introducción.


Este mes vamos a ocuparnos de un tema de una gran importancia en cuanto a la Prevención de Riesgos Laborales. Por cuanto pretende evitar lagunas en la prevención derivadas de situaciones como la subcontratación, Empresas de Trabajo Temporal o simplemente trabajo en un mismo recinto de varias empresas. La coordinación de las actividades preventivas es objeto de regulación en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y por el Real Decreto171/2004.

En primer lugar la ley distingue tres niveles de responsabilidad, en función de cuales son las relaciones entre empresarios concurrentes en el centro. Con esto se trata de incrementar las obligaciones del empresario a medida que se incrementa su capacidad de gestión y administración del centro e trabajo, respecto del resto de empresarios concurrentes. Así podríamos encontrarnos con las siguientes situaciones:

Centro de trabajo donde desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas.

 

En este caso los empresarios están obligados a cooperar de la siguiente forma:
  • Las empresas se informarán recíprocamente de los riesgos específicos y de sus consecuencias, que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes, y en particular de aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades.
  • Los empresarios deben comunicarse de inmediato toda situación de emergencia susceptible de afectar a la seguridad o la salud de los trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo.
  • El empresario debe de informar conforme a lo establecido en el artículo 18 de La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a sus trabajadores y a sus representantes sobre los riesgos derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo.

Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del que un empresario es el titular.



Se considera titular al empresario que tiene la capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo. Por ejemplo: propietario de un centro comercial donde además de su empresa concurren diversos locales comerciales pertenecientes a otros empresarios.
 
En dicho caso el empresario, además de cumplir con las obligaciones que se establecen en el apartado anterior, tiene las siguientes:
  • El empresario titular del centro de trabajo debe informar a los otros empresarios concurrentes, sobre los riesgos inherentes a dicho centro, la medidas preventivas relativas a su control y medidas de emergencia a aplicar. En la construcción dicha obligación se entenderá cumplida por el promotor mediante el estudio de seguridad y salud o mediante el estudio básico, en los términos establecidos en el R.D. 1627/1997 de disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de la construcción.
  • Recibidas informaciones sobre los riesgos detectados por los otros empresarios (inherentes al centro de trabajo), el empresario titular del centro de trabajo debe elaborar y proporcionar a dichos empresarios instrucciones para la prevención de riesgos que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y sobre medidas a aplicar cuando se produzca una situación de emergencia. En la construcción, las instrucciones se entenderán cumplidas por el promotor mediante las impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, cuando tal figura exista o en otro caso mediante las impartidas por la dirección facultativa.
En cuanto a los empresarios concurrentes tendrán las siguientes obligaciones, aparte de las establecidas en el apartado anterior:
  • Cumplirán las instrucciones del empresario titular en cuanto a la prevención de riesgos inherentes al centro de trabajo.
  • Informarán a sus trabajadores de la información e instrucciones del empresario titular conforme a lo establecido en el art. 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
    Estas medidas son aplicables con independencia de la existencia de relaciones jurídicas entre el empresario titular y los concurrentes.

Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo cuando existe un empresario principal.

 

Se considera empresario principal el que contrata o subcontrata con otros la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad y que se desarrollan en su propio centro de trabajo. En la construcción se entiende como empresario principal al contratista.
Además de las obligaciones recogidas en los apartados anteriores, el empresario principal tendría las siguientes:
 
Vigilará el cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras o servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su centro de trabajo. A tal fin:
  • Antes del inicio de la actividad, el empresario principal exigirá a las empresas contratistas y subcontratistas que acrediten por escrito que han realizado evaluación de riesgos y la planificación preventiva para las obras o servicios contratados.
  • Exigirá a las empresas contratistas y subcontratistas que acrediten por escrito el cumplimiento de sus obligaciones preventivas en materia de información y formación.
  • La empresa principal debe comprobar que los contratistas y subcontratistas concurrentes en el centro de trabajo han establecido los necesarios medios de coordinación entre ellas.
En cuanto a las Empresas de Trabajo Temporal, dice el art. 28.5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la Seguridad y Salud de los trabajadores, correspondiendo a la misma:
  • Información a los trabajadores, con carácter previo al inicio de su actividad, de los riesgos existentes como consecuencia de la concurrencia de varias empresas en el centro de trabajo.
  • Formación suficiente y adecuada a las características del puesto de trabajo para dichos trabajadores.
Correspondería a la Empresa de Trabajo Temporal la información y formación de los trabajadores en cuanto a su actividad profesional específica.

Finalmente recordar que tal y como establece el art. 42.3 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas del cumplimiento durante el período de la contrata, de las obligaciones impuestas por el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en relación con los trabajadores que aquellos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal.

Más información.

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