Free xml sitemap generator Derecho Laboral y Otras cosas: septiembre 2010

PRESENTACIÓN.

Con este blog vamos a intentar, a través de la publicación periódica de artículos, dar una visión actual del derecho laboral y de la prevención de riesgos laborales. Intentaremos con dicha información resultar útil a aquellos empresarios, trabajadores y profesionales que estén interesados en estos temas.

lunes, 6 de septiembre de 2010

PRESTACION DE CESE INVOLUNTARIO DE ACTIVIDAD PARA AUTONOMOS

Introducción.

El pasado día 5 de Agosto, se aprobo la Ley 32/2010 por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos. Dicha Ley es producto del compromiso adquirido por el gobierno a partir de la disposición adicional cuarta de la Ley 20/2007 de 11 de Julio de trabajo autónomo que dice: "El gobierno propondrá a las Cortes Generales la regulación de un sistema específico de protección por cese de actividad para los mismos, en función de sus características personales o de la naturaleza de la actividad ejercida".
La Ley se público en el BOE de 6 de Agosto de 2010 y tiene una "vacatio legis" de 3 meses, con lo que entrará en vigor el 6 de Noviembre de este añó, pagándose las primeras prestaciones a partir del 6 de Noviembre de 2011.

Ambito subjetivo de la norma.Todos los trabajadores autónomos incluidos en el régimen especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos de la Seguridad Social, cubiertos por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluyendo los trabajadores incluidos en el sistema especial de trabajadores agrarios y en el regimén especial de la Seguridad Social de trabajadores del mar.

Acción protectora del sistema.

Abarca la prestación económica por cese de actividad, la formación y orientación profesional de los beneficiarios con vista a su recolocación, cotización a la Seguridad Social por Contingencias Comunes, incluida la incapacidad temporal (salvo en los regimenes de Seguridad Social que no coticen por dicha contingencia).

Requisitos.
  • Estar afiliados y en situación de alta y cubiertas las contingencias profesionales, en el Regimén Especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos o al regimen especial de trabajadores del mar en su caso.

  • Tener cubierto el periodo mínimo de cotización que nunca será inferior a 12 meses, dependiendo la duración del periodo de protección del periodo de cotización, según la siguiente tabla:



  • Encontrarse en situación legal de cese de actividad, suscribir compromiso de actividad y acreditar activa disponibilidad para la reincorporación al mercado de trabajo a través de las actividades formativas, de orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora a las que pueda convocarle el Servicio Público de Empleo de la correspondiente Comunidad Autónoma o el Instituto Social de la Marina.

  • No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que no se tuviera acreditado el periodo de cotización requerido para ello.

  • Hallarse al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. En el caso de no ser así y tener cubierto el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la protección, el órgano gestor invitará al trabajador a que, en el plazo improrrogable de 30 días naturales, ingrese las cuotas.

  • Si el trabajador autónomo tiene uno o más trabajadores a su cargo, será requisito previo el cumplimiento para con aquellos del cumplimiento de las garantías, obligaciones y procedimientos regulados en la legislación laboral.

Situación legal de cese de la actividad.
En general es la interrupción involuntaria de la actividad definida como:
  • La concurrencia de motivos, económicos, técnicos u organizativos determinantes de la inviabilidad del mismo. Entre dichos motivos estarían: perdidas superiores al 30% de los ingresos en un año o superiores al 20% en dos años consecutivos; ejecuciones judiciales que comporten al menos el 40% de los ingresos del trabajador en el año anterior; declaración judicial de concurso.

  • La fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional.

  • Perdida de licencia administrativa que constituya requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional no motivada por incumplimientos contractuales o por la comisión de infracciones, faltas administrativas o delitos imputables al autónomo solicitante.

  • Violencia de género determinante del cese temporal o definitivo de la trabajadora autónoma.

  • Divorcio o acuerdo de separación matrimonial, mediante la correspondiente resolución judicial, en los supuestos en que el autónomo divorciado o separado ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su ex-cónyuge o de la persona de la que se ha separado, en función de las cuales estaba incluido en el correspondiente régimen de Seguridad Social, y que dejan de ejercerse a causa de la ruptura o separación matrimoniales.

En el caso de autónomos dependientes (aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales) se considerá situación legal de cese de actividad:
  • Terminación de la duración convenida en el contrato o conclusión de la obra o servicio.

  • Incumplimiento contractual grave del cliente debidamente acreditado.

  • Rescisión de la relación contractual por causa injustificada o justificada por el cliente.

  • Por muerte, jubilación o incapacidad del cliente que impida la continuación de la actividad.
Los trabajadores autónomos económicamente dependientes que, tras cesar en su relación con el cliente, vuelven a contratar en un plazo de una año a contar desde el momento en que se extinguió la prestación deberán reintegrar la prestación extinguida.
Solicitud y reconocimiento de la prestación.
Se podrá solicitar la prestación hasta el último día del mes siguiente al que se produjo el cese de la actividad, salvo en el cese causado por motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, de fuerza mayor, por violencia de género, por voluntad del cliente en causa justificada y por muerte, incapacidad y jubilación del cliente, donde el plazo comenzará a computar a partir de la fecha que se hubiere hecho constar en los correspondientes documentos que acrediten la concurrencia de tales situaciones.
En caso de solicitud de la prestación fuera de plazo, se descontarán del período de percepción los días que medien entre la fecha en que se deberían haber presentado la solicitud y la fecha en que realmente se presento.
El reconocimiento del derecho a la prestación por cese de la actividad dará lugar al disfrute de la correspondiente prestación, a partir del primer día del segundo mes siguiente a aquel en que se produjo el hecho causante del cese de la actividad. El trabajador dependiente, para tener derecho a la prestación no podrá tener actividad con otros clientes a partir del día en que inicie el cobro de la prestación.
En cuanto a la cuota de la Seguridad Social, el órgano gestor se hará cargo de ella a partir del mes siguiente al de la solicitud.
En cuanto a los autónomos dependientes cuanto tengan actividad con otros clientes en el mes posterior al hecho causante, el órgano gestor estará obligado a cotizar a partir de la fecha de inicio de la prestación.
Duración de la prestación económica.
Esta en función de los periodos de cotización efectuados dentro de los 48 meses anteriores a la situación legal de cese de actividad, según la tabla más arriba vista.
El trabajador autónomo al que se le hubiese reconocido y hubiere disfrutado el derecho a la prestación económica por cese de actividad, podrá volver a solicitar un nuevo reconocimiento siempre que concurran los requisitos legales y hubieren transcurrido dieciocho meses desde la extinción del derecho anterior.
Cuantía de la prestación.
La cuantía de la prestación económica por cese de la actividad será del 70% de la base reguladora (promedio de las bases de cotización durante los doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese.
Los limites de la prestación serán los siguientes:
  • Limites inferiores. Sin hijos a cargo el 80% del IPREM; con hijos a cargo el 170% del IPREM.

  • Limites Superiores. Sin hijos a cargo 175% del IPREM; con un hijo a cargo 200% del IPREM; con más de un hijo a cargo 225% del IPREM.
A efectos de los límites anteriores, se tendrá en cuenta el IPREM mensual + 1/6 del IPREM en el momento del nacimiento del derecho.
Suspensión del derecho:
Se produce la suspensión del derecho por:
  • Imposición de sanción conforme a la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

  • Cumplimiento de condena de privación de libertad.

  • Realización de trabajo por cuenta propia o ajena, salvo que la duración del mismo sea igual o superior a 12 meses.
Las causas de suspensión no afectan al periodo de percepción, salvo en el supuesto de imposición de sanción.
La protección se reanudará, previa solicitud del interesado, siempre que se acredite que ha finalizado la causa de suspensión y que se mantiene la situación legal de cese de la actividad..
El derecho a la reanudación nacerá a partir del término de la causa de suspensión, siempre que se solicite en el plazo de los 15 día siguientes.
Extinción del derecho a la protección.
Se produce la extinción del derecho a la protección:
  • Por agotamiento del plazo de la duración de la prestación.

  • Imposición de sanciones de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.

  • Realización de trabajo por cuenta ajena o propia durante un tiempo igual o superior a 12 meses, en el último caso siempre que genere derecho a la protección por cese de actividad como trabajador autónomo.

  • Por cumplimiento de la edad de jubilación, salvo cuando no se reúnan el resto de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación contributiva.

  • Por reconocimiento de pensión de jubilación o incapacidad permanente.

  • Por traslado de residencia al extranjero.

  • Por renuncia voluntaria al derecho.

  • Por fallecimiento.
En el caso de realización de trabajo por cuenta ajena o propia, el trabajador podrá optar, en el caso de que se le reconozca una nueva prestación, entre ambas. La interrumpida o la generada por las nuevas cotizaciones, y si opta por la primera , las cotizaciones por la prestación a la que no hubiera optado no podrán computarse para el reconocimiento de un nuevo derecho.
Incompatibilidades.
  • Con el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena.

  • Con la obtención de pensiones o prestaciones de carácter económico del sistema de la Seguridad Social, salvo que estas hubieran sido compatibles con el trabajo que dio lugar a la prestación económica por cese de la actividad.
En el caso de los trabajadores incluidos en el Regimén especial de trabajadores del mar será incompatible con la percepción de ayudas por la paralización de la flota.
Cotización del trabajador autónomo por la contingencia de cese de actividad.
La base de cotización por cese de actividad se corresponderá con la elegida por el trabajador autónomo en el regimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos o con la que le corresponda como trabajador por cuenta propia en el Regimen especial de los trabajadores del mar.
El tipo de cotización será el 2.2% aplicable a la base anterior. De ese 2.2% un 1% financiara las medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora.
La gestión de las prestaciones económicas por cese de actividad así como su reconocimiento, suspensión, extinción y reanudación corresponde a las mutuas de A.T y E.P. de la Seguridad Social con la que el trabajador autónomo tenga concertada la cobertura de las Contingencias Profesionales.

SEGURIDAD EN MINAS (I)

 Vamos a dedicar el presente artículo a la gestión de la prevención de riesgos en las empresas mineras, sin demasiadas pretenciones pues no me considero un gran experto en el tema, pero sí con los suficientes conocimientos para ofreceros una vista panorámica del mismo.

Legislación aplicable:

Para ello lo primero que tenemos que conocer son las leyes que regulan la actividad minera en España, entre ellas están: La Ley 22/1973 de Minas, El Real Decreto 2857/1978 por el que se aprueba el Reglamento General para el regimen de la mineria, el Real Decreto 863/1985 de Normas Basicas de Seguridad Minera, el Real Decreto 3255/1983 por el que se aprueba el Estatuto del Minero y finalmente el Real Decreto 1389/1997 por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y Salud de los Trabajadores en actividades mineras (adapta la regulación de Seguridad y Salud a lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales).

La regulación más arriba enumerada es de aplicación a las actividades de exploración, investigación, aprovechamiento y beneficio de todos los yacimientos minerales y demás recursos geológicos que, cualquiera que sea su origen y estado físico, existan en el territorio nacional, mar territorial, plataforma continental y fondos marítimos sometidos a la jurisdicción o soberanía nacional, con arreglo a las leyes españolas y convenciones internacionales vigentes ratificadas por España.

Las empresas que trabajen con minerales radioactivos se regularán por la ley de minas sólo en los aspectos no establecidos en la Ley reguladora de la Energía Nuclear de 29 de Abril de 1964.

La normativa de seguridad minera es de aplicación a las siguientes empresas:

  • Las que han de hacer uso de técnicas mineras, mediante labores subterraneas, que requieren el uso de explosivos a roza abierta que requieran la formación de cortas, tajos o bancos de más de 3 metros de altura; los que requieran el uso de cualquier clase de maquinaria de investigación, extracción, preparación para concentración, depuración o clasificación; Salinas marítimas y lacustres y en relación con aguas minerales, termales y recursos geotérmicos.

  • Establecimientos de beneficio mineral: Son los destinados a la preparación, concentración o beneficios de los recursos minerales (operaciones para conseguir una mayor pureza del mineral que lo haga útil comercialmente).

  • Industrias extractoras por sondeo: Extracción de minerales por perforación de sondeos.
La autoridad Minera competente:
A diferencia de otras ramas de actividad, la autoridad encargada de la promoción de la prevención, el asesoramiento técnico, la vigilancia y control de las normas de prevención de riesgos laborales y la sanción de las infracciones en dicha materia, es La Dirección General de Industria Energía y Minas, bien estatal bien de las Comunidades Autónomas, en aquellas que tienen transferidas dichas competencias, quedando reducidas la funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a las cuestiones relativas a la Seguridad Social.
La función de vigilancia y control de las normas de prevención de riesgos laborales abarca: vigilar el cumplimiento de la normativa; asesoramiento e información; elaborar informes para el orden jurisdiccional; informar a la autoridad sobre accidentes mortales, graves o muy graves y enfermedades profesionales; comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad y ordenar la paralización de las actividades.
Requisitos para la puesta en funcionamiento de una explotación minera:
Son diferentes según la Comunidad Autónoma. En todo caso intervienen 3 administraciones: la Administración de Minas; la Administración Local y la Administración de Medioambiente, siendo necesario disponer del permiso de esta última antes de obtener las otras dos licencias.
También existen diferencias según la sustancia a explotar, así en el caso de las aguas subterraneas es competencia de las comunidades autónomas el reconocimento, la declaración de las aguas como minerales naturales o de manantial y la autorización de aprovechamiento que exige la declaración anteriormente dicha y que definirá un perímetro de protección para la conservación de la buena calidad de las aguas subterraneas.
Normas de Seguridad:
Entre la documentación y normas necesarias en materia de prevención de riesgos laborales y específicas de las actividades mineras nos encontramos:

  • El Documento de Seguridad y Salud que es el equivalente al plan de prevención en el resto de actvidades. En las industrias extractivas es necesaria la actualización anual de dicho documento que se presentará a la autoridad minera junto al plan de labores. Su elaboración se debe producir antes del inicio de los trabajos y ha de permanecer en todo momento a disposición de las autoridades laboral y sanitaria y de los delegados de prevención.
    El Documento de Seguridad y Salud debe demostrar que los riesgos han sido identificados y evaluados, que se van a adoptar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y que finalmente la utilización y la concepción del lugar de trabajo son seguros.

  • Disposiciones Internas de Seguridad: Son las normas establecidas por el director facultativo, responsable de adaptar las medidas de seguridad minera a la actividad interna de la empresa explotadora.
    Estas Disposiciones se someten a la aprobación de la autoridad minera competente y son de obligatorio cumplimiento para todo el personal de la empresa.
    Las Disposiciones Internas de Seguridad recogerán: la organización que se prevea en orden a mantener la seguridad del personal; las medidas a tomar en caso de circunstancias excepcionales que alteren el orden normal del trabajo; la prevención y lucha contra los incendios, movimientos de maquinaria, saneamiento y seguridad de los hastiales, prevención y lucha contra el polvo, reconocimiento de las labores y del ambiente de la mina.

  • Normas de Seguridad: Son normas internas de la empresa con recomendaciones muy prácticas y simples que todo minero debe conocer y respetar.




  • Director facultativo.
    Del que hemos hablado más arriba como autor de las Disposiciones Internas de Seguridad, tendrá la titulación de ingeniero de minas, ingeniero técnico de minas o facultativo de minas, según sus atribuciones profesionales. Su existencia es obligatoria incluso en vertederos, talleres de labrado ornamental y recuperación de escombreras. No se puede proceder a la apertura de una explotación sin tener con anterioridad, aceptado por la autoridad minera competente, el nombramiento de su director facultativo que es propuesto por el empresario a la autoridad minera competente comunicando a la misma su nombre, titulación, residencia, y autorización del interesado.
    La autoridad puede aceptar o rechazar la propuesta y en el primer caso inscribirá al director facultativo en un registro.

    Son deberes del director facultativo: Velar por el cumplimiento del Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera, las Instrucciones Técnicas Complementarias aplicables al sector y las Disposiciones Internas de Seguridad; mantener un registro en el que se inscriban las personas que trabajen en la unidad de explotación; mantener al día un organigrama de la plantilla del personal técnico y finalmente la ejecución de los trabajos de salvamento y de las labores necesarias para evitar nuevos peligros.

    El cese del director facultativo se puede producir por iniciativa propia, iniciativa del explotador, fuerza mayor o a petición de la autoridad minera competente.

    El director facultativo ha de tener plena disponibilidad cuando la unidad de explotación tenga una plantilla superior a 50 trabajadores o más de 1000Kw de potencia instalada en máquinas móviles o semimóviles.

    En cuanto a los limites de funciones que puede asumir:
    1. No puede desempeñar sus funciones para más de 4 explotaciones en un círculo de 100 Km. de radio.
    2.En una explotación no puede tener bajo sus ordenes:
    Labores subterraneas más de 400 personas.
    Labores a cielo abiertos más de 400 personas.
    Minas de tercera o cuarta categoría más de 250 personas.
    Minas con polvos explosivos más de 250 personas.
    Minas con polvo de carbón con propensión a fuegos más de 250 personas.
    Cuando la dirección afecte a distintas unidades de explotación el 40% de los trabajadores anteriores.
    Cuando se trate de explotaciones de distinto tipo a las anteriores será la Autoridad minera la que determinará los límites a la actividad del director facultativo.
    En el caso de unidades de explotación que sobrepasen el máximo de personal admisible y que sean indivisibles la direción facultativa puede ser asumida por un único ingeniero, previa aprobación de la autoridad minera, que contará con la asistencia de tantos ingenieros como sean necesarios, con relación al máximo de personas señaladas anteriormente.

    En el caso de contratista ajeno a la plantilla de la explotación se podrá optar entre dos soluciones: El contratista designa un nuevo director facultativo o queda bajo el director facultativo de la empresa principal. En este caso el contratista designará una persona adecuada que lleve la dirección de los trabajos y se comprometa al cumplimiento de las disposiciones legales de seguridad. En cualquier caso la organización adoptada se ha de someter a la autoridad minera competente.

  • Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo.Es el órgano paritario destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos y cuya existencia es obligatoria en todas las explotaciones mineras de 50 o más trabajadores. Cuando las circunstancias así lo aconsejen se podrá crear más de un Comité de Seguridad e Higiene en la misma explotación y un Comité central que los coordine.

    El número de sus compenentes ha de ser proporcional a los trabajadores de la plantilla, según la siguiente tabla:

El presidente será elegido por los miembros del Comité de Seguridad e Higiene.

Son miembros del Comité de Seguridad e Higiene con voz pero sin voto:
Jefe del servicio técnico de seguridad o en su defecto técnico especializado de mayor categoría.
Jefe del servicio médico de empresa o persona en quien delegue o en su defecto médico de empresa o ATS de mayor categoría.
Técnico de seguridad o medicina libremente designado por la empresa.
Delegado Minero de Seguridad.
Secretario elegido por el propio Comité entre el personal administrativo de la empresa.

Los miembros del Comité de Seguridad e Higiene habrán de cumplir los siguientes requisitos: pertenecer a la plantilla, tener una antigüedad de 5 años dentro de la profesión; formación general mínima previa y conocimientos elementales de Segurida e Higiene que debe recibir de la empresa en fechas inmediatas a su toma de posesión. La duración de su mandato es de 4 años.
El Comité de Seguridad e Higiene ha de elaborar anualmente una memoria de actividades de la que han de remitir una copia al: Comité de Empresa, la Administración de Minas; la Inspección Provincial de Trabajo y el Gabinete técnico provincial de Seguridad e Higiene.
  • Delegado Minero de Seguridad.Ha de ser sometido a elección por mayoría del personal, prevía propuesta de una terna de candidatos por el Comité de Empresa, además del titular ha de existir un suplente para casos de ausencia.

    Además de los requisitos propios de los vocales del Comité de Seguridad e Higiene ha de reunir los siguientes: antigüedad en la empresa de 10 años; haber ostentado durante los 3 años anteriores las categorías de minero de primera, artilleros, barrenista, entibador, picador o posteador, siempre que se trate de instalaciones de interior.

    La duración de su mandato es de 4 años.

    Debe someterse a un reconocimiento médico que determine su aptitud física para el puesto.

    Dicho trabajador está liberado del trabajo cuando la plantilla sea superior a 250 trabajadores.

    Al igual que los vocales del Comité de Empresa debe recibir en fechas inmediatas a su toma de posesión, formación adecuada para el desempeño de sus funciones.

  • Estructura de Seguridad.

    El empresario designará:

    1.Una persona responsable de la seguridad que cuente con aptitudes y competencias necesarias para esta función con arreglo a la legislación vigente.

    2.Una persona responsable con aptitudes y competencias que durante las operaciones que se realicen mantenga la vigilancia para asegurar la protección y salud de los trabajadores.

    un número suficiente de trabajadores con aptitudes, experiencia y formación para realizar las tareas que tengan asignadas.

    3.Una organización de salvamento.
    adecuada y con un número suficiente de brigadistas entrenados y material de intervención adecuados.
    En los lugares habitualmente ocupados deben realizarse prácticas de seguridad y evacuación.
    En zonas en las que los trabajadores se puedan ver expuestos a atmósferas nocivas para la salud debe haber un número suficiente de trabajadores que sepan manejar equipos de respiración y de reanimación.
    Se debe disponer de un sistema que permita conocer en todo momento las personas que se encuentran en el interior de la mina.

AVISO LEGAL

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