Free xml sitemap generator Derecho Laboral y Otras cosas: septiembre 2012

PRESENTACIÓN.

Con este blog vamos a intentar, a través de la publicación periódica de artículos, dar una visión actual del derecho laboral y de la prevención de riesgos laborales. Intentaremos con dicha información resultar útil a aquellos empresarios, trabajadores y profesionales que estén interesados en estos temas.

jueves, 6 de septiembre de 2012

DELITOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES


Este mes vamos a presentaros un artículo que entiendo que puede ser de interés para todos aquellos que teneis trabajados de alguna manera relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales. En este artículo os voy a hablar de los delitos de riesgo en materia de Prevención de Riesgos Laborales si bien también tocaremos tangencialmente el resto de delitos relacionados con los mismos. Dichos delitos se regulan en los artículos 316 y 317 del Código Penal e intentaremos con este artículo aclarar las dudas que sobre los mismos os puedan surgir.

Los delitos de peligro concreto del artículo 316 y 317 del Código Penal.

En primer lugar es necesario reproducir el contenido de dichos artículos para entrar a continuación en un análisis más detenido de los mismos. Así pues dichos artículos dicen:

Artículo 316.
Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Artículo 317.
Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado.

El sujeto activo del delito.

Pueden ser autores de dichos delitos:
  • El empresario. Puesto que es la persona que dada su función de dirección de la actividad empresarial y su autonomía de medios puede facilitar a los trabajadores los medios necesarios para desempeñar su actividad. Entendemos por empresario tanto la persona física que tiene tal condición como en el caso de personas jurídicas los administradores o encargados del servicio(Art. 318 del C.P.). No se podría condenar a las personas jurídicas  pues si bien la última reforma del código penal introdujo la responsabilidad penal de las mismas sólo lo ha hecho para ciertos delitos, entre los que no están los del art. 316 y 317.
  • La responsabilidad de aquellos mandos intermedios que por delegación tengan  la autonomía de medios que les permita facilitar a los trabajadores los medios necesarios para que desempeñen sus funciones con seguridad y aún así no lo hagan. La existencia de estos mandos intermedios no elimina la responsabilidad del empresario, pues este tiene un deber de vigilancia y control que le debe llevar a sustituir a este si no cumple correctamente con la delegación, así pues serán muy raros los casos en que la existencia de esta figura en la empresa exima de responsabilidad penal al empresario siendo lo más normal los casos de responsabilidad solidaria entre ambos.
  • Otros. Se podría plantear la posibilidad de la comisión del delito por parte de otros sujetos con obligaciones en prevención de riesgos laborales como fabricantes, importadores o suministradores de equipos de trabajo o en el caso de las obras de construcción: arquitectos, arquitectos técnicos, aparejadores o los coordinadores de seguridad y salud. También podrán ser sujeto activo del delito los contratistas y subcontratistas en el caso de concurrencia de actividades y cuando falten a sus obligaciones de coordinación (Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
De lo anteriormente dicho se desprende que normalmente no serán responsables de estos delitos figuras como las del técnico de prevención tanto de servicio de prevención ajeno como propio, salvo que cuenten con la autonomía de medios más arriba descrita. Tampoco podrían ser autores de este delito los recursos preventivos o los delegados de prevención de riesgos laborales. Los primeros por tener sólo funciones de vigilancia en cuanto al cumplimiento de las medidas preventivas, poniendo los incumplimientos observados en conocimiento del empresario, que sera el responsable de subsanarlos. Los segundos por cuanto la ley solo les atribuye facultades y competencias de consulta e información no teniendo facultad para adoptar decisiones en materia de seguridad, que serán siempre responsabilidad de la empresa.

Lo anteriormente dicho no obsta a que en algunos casos estos trabajadores puedan cometer los delitos de homicidio o lesiones imprudentes, por ejemplo cuando un técnico no evalua un riesgo claro o cuando un recurso preventivo no comunica un incumplimiento a pesar de ser evidente.

Elemento subjetivo del tipo.

¿Cuales son las diferencias entre el comportamiento que regula el artículo 316 y el que regula el artículo 317 del C.P.? La diferencia entre ambos tipos es el elemento subjetivo del mismo de forma que:
  • El artículo 316 describe una conducta dolosa, es decir el autor del delito conoce y acepta la situación de peligro en que están los trabajadores sin hacer nada para evitarla. El mayor número de condenas se produce por este tipo siendo el del art. 317 de caracter residual.
  • En el caso del artículo 317 se pena la imprudencia grave entendida como descuido o  negligencia temeraria, es decir con olvido de las más elementales normas de prudencia que son exigibles en ese sector de la actividad en las circunstancias concretas de lugar y tiempo. La Sentencia del Tribunal Supremo 211/2007 de 15 de Marzo nos viene a  dar tres criterios que nos pueden ayudar a diferenciarla  de la imprudencia leve siendo estos criterios los siguientes:
    • La mayor o menor falta de diligencia mostrada por el agente en la acción u omisión desencadenante del riesgo, atendidas las circunstancias concurrentes en cada caso.
    • La mayor o menor previsibilidad del evento que constituye el resultado.
    • El mayor o menor grado de infracción por el agente del deber de cuidado según las normas socio-culturales vigentes.

Al respecto es importante añadir que la jurisprudencia viene demandando una mayor exigencia de previsión en tanto en cuanto sea mayor la formación y preparación técnica del sujeto responsable.

La conducta penada y el bien juridico protegido.

Más que una conducta castigada por los citados artículos, lo que nos encontramos es que se castiga la omisión de la misma, es decir, se castiga el no proporcionar los medios para la realización del trabajo con seguridad. Para conocer los medios que el empresario está obligado a facilitar nos debemos dirigir a la normativa sobre prevención de riesgos laborales entre los que podemos recordar la obligación de realizarevaluación de riesgos laborales, la planificación preventiva, integrar la la prevención de riesgos laborales en el proyecto empresarial, dar formación e información a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales, realizar los reconocimientos médicos establecidos en la ley, etc. Esta tan intimamente unida la normativa de prevención de riesgos laborales al delito mencionado que sin incumplimiento de dicha normativa no existe delito.
Finalmente el concepto de medios es un concepto amplio que incluye el control, vigilancia y verificación de las medidas facilitadas, tal y como se establece en la STS 1654/2001 de 26 de Septiembre.
Los arts. 316 y 317 corresponden a lo que la doctrina conoce como delitos de peligro concreto, es decir es necesario para que se cumpla el tipo que con las omisiones del empresario se ponga en riesgo la vida, integridad y salud de algún trabajador en concreto, sin que sea necesario que se produzcan daños al trabajador. El peligro a que se somete al trabajador ha de ser grave entendiendo como grave aquel riesgo que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y que pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores, para valorar dicha gravedad podemos tener en cuenta tres criterios:
  • Posible resultado de la falta de medios (lesiones, incapacidad permanente, muerte).
  • Importancia o naturaleza de la norma omitida.
  • Grado de incumplimiento de la norma (total o parcial).
En cuanto al bien jurídico ha  proteger por los delitos es la vida, integridad y salud de los trabajadores que se considera un bien jurídico colectivo por lo que se entendera cometido un único delito con independencia del número de trabajadores que se ponga en peligro.

Cuestiones concursales.

En ocasiones nos encontramos con que la situación de riesgo a que se han encontrado sometidos los trabajadores desemboca en la producción de daños para los mismos (muerte o lesiones). En estos casos nos podemos encontrar ante dos situaciones posibles:

  • Todos los trabajadores afectados por la situación de riesgo han resultado bien muertos, bien con lesiones. En estos casos el delito de riesgo resultara absorbido por los delitos de lesiones u homicidios (Art. 8.3 del C.P.), mientras que estos últimos tendrían una relación de concurso ideal de delitos entre ellos de forma que sólo se penaria el más grave en su mitad superior siempre que dicha pena sea inferior a la suma de la de la totalidad de las infracciones por separado (art. 77 del C.P.). Ejemplo: 3 trabajadores caen de un andamio que no reune las condiciones de seguridad, 2 de ellos resultan con lesiones y el otro fallece. En este caso se aplicaría la pena del homicidio imprudente en su mitad superior.
  • No todos los trabajadores en situación de riesgo han resultado muertos o heridos. En este caso se considerara concurso ideal de delitos y se penará el más grave en su mitad superior. Ejemplo: 2 trabajadores trabajan en una cornisa con arnés, pero sin que exista una linea de vida donde engancharlos y uno de ellos cae falleciendo en la caida. En este caso nos encontrariamos ante un concurso ideal de delito de homicidio imprudente (artículo 142 del C.P.) y de delito de riesgo del artículo 316  que se penarían con la pena prevista para el homicidio imprudente en su mitad superior.

Las penas.

Como hemos visto más arriba el delito del art. 316 se castiga con penas de prisión entre 6 meses y 3 años y una multa de 6 a 12 meses y el del artículo 317 con las penas inferiores en grado (de 3 meses a 6 meses de prisión  y multa de 3 a 6 meses). Ello debería de llevar a que en el caso de que unicamente se penase el delito de riesgo por no haberse producido daños a los trabajadores la pena de prisión se suspendiera en virtud de lo establecido en el art.80 del C.P. siempre y cuando se tratará de una pena inferior a dos años (lo que será en la mayoría de las ocasiones), no existan antecedentes penales por delito doloso y se hayan satisfecho las responsabilidades civiles, salvo imposibilidad judicialmente declarada de satisfacer las mismas.

Es importante tener en cuenta también la previsión de los  artículos 45 y 56.3 del C.P. en los que se establece la inhabilitación especial para  profesión, oficio, industria o comercio o cualquier otro derecho, que ha de concretarse expresa y motivadamente en la sentencia, priva al penado de la facultad de ejercerlos durante el tiempo de la condena. Dicha inhabilitación se podrá imponer a los condenados por este delito puesto que el delito va a estar siempre relacionado con la profesión, oficio, industria o comercio del condenado y es muy posible que por tanto no pueda ejercerlos durante el tiempo de la condena.

Habría que atender a las responsabilidades civiles que podrían llegar a ser elevadas en los casos en que se produzcan daños serios a la salud de los trabajadores.

Finalmente deberiamos referirnos al principio non bis in idem que es el principio que prohibe sancionar dos veces por los mismos hechos cuando se produzca identidad de sujeto de hecho y fundamento. En coherencia con dicho principio cuando se comienza un procedimiento judicial penal por determinados hechos y se produce la identidad de sujeto de hecho y fundamente, procede la suspensión de la tramitación del proceso administrativo sancionador que sólo se retomará en caso de que el procedimiento penal termine con el sobreseimiento o la absolución de los imputados. Dicha paralización de la tramitación no se produce para el procedimiento de recargo de prestaciones de la Seguridad Social.

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