Free xml sitemap generator Derecho Laboral y Otras cosas: octubre 2012

PRESENTACIÓN.

Con este blog vamos a intentar, a través de la publicación periódica de artículos, dar una visión actual del derecho laboral y de la prevención de riesgos laborales. Intentaremos con dicha información resultar útil a aquellos empresarios, trabajadores y profesionales que estén interesados en estos temas.

martes, 16 de octubre de 2012

LA GESTION DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS


APLICACION DE LA LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A FUNCIONARIOS, TRABAJADORES ESTATUTARIOS Y PERSONAL LABORAL.

¿Es aplicable a los empleados públicos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Si, así lo establece la LPRL en su art.3.1 eso si su aplicación a funcionarios y estatutarios se hará de conformidad con las peculiaridades que se contemplen en el Estatuto Basico del Empleado Público o en sus normas de desarrollo. En este sentido debemos recordar que el art. 37.1 j) del EBEP permite la negociación colectiva sobre la seguridad y salud, siempre y cuando exista habilitación legal previa y segundo el art. 40.1 e) del EBEP prevé que las Juntas de Personal y los Delegados de Personal tendrán entre otras funciones la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes. También hemos de tener en cuenta lo establecido por el  Real Decreto 67/2010 de 29 de Enero de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. Esta aplicación de la LPRL a funcionarios y estatutarios ha de ser matizada para los siguientes colectivos:
  • Centros y establecimientos militares: Se aplica lo previsto en la LPRL para el personal laboral, estatutario y de los funcionarios civiles al servicio de establecimientos dependientes de la Administración militar pero con especialidades, derivadas del Real Decreto 1932/1998 de 11 de Septiembre en cuanto a derechos y obligaciones preventivas, consulta y participación de los trabajadores y a las peculiaridades orgánicas y al régimen vigente de representación del personal en los establecimientos militares. Para el personal militar las especialidades en materia de regulación de los derechos y deberes preventivos, consulta y participación de los trabajadores y el régimen de responsabilidades y sanciones se contiene en el Real Decreto 1755/2007 de 28 de Diciembre.
  • Personal de establecimientos penitenciarios: Se aplicará la LPRL salvo a las actividades singulares que demanden una regulación particularizada que habria de concretarse en la negociación colectiva, cosa que hasta el momento no se ha llevado a cabo.
  • La LPRL no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de una serie de funciones públicas: Policia, seguridad y resguardo aduanero, servicios operativos de protección civil  y peritaje forense en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, fuerzas armadas y actividades militares de la Guardia Civil.  Las medidas singulares adoptadas para La Policía Nacional vienen recogidas en el Real Decreto 2/2006 de 16 de Enero y las adoptadas para la Guardia Civil vienen recogidas en el Real Decreto 179/2005 de 18 de Febrero.

OTROS.

  • Personal de la Administración de Justicia. Dicho personal no esta integrado en la administración (Art. 117 de la CE) pero dada la interpretación restrictiva que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado a las exclusiones de la directiva 89/391/CEE parece claro que no puede entenderse excluido al personal integrado en la Administración de Justicia de la aplicación de la misma.
  • Personal investigador en formación. Existen 2 situaciones posibles: situación de beca, durante los dos primeros años de la ayuda, no se contempla expresamente la aplicación de la normativa de prevención pero dado que se establece en el art. 6  del Real Decreto 63/2006 de 27 de Enero que les es de aplicación que deberán atenerse al regimén interno o de funcionamiento del organismo y especialmente en lo relativo a las condiciones de trabajo y las normas de prevención de riesgos laborales, por lo cual parece que no es posible atribuir a dicho personal los deberes de la LPRL sin darles también los derechos; situación de contratado les es de aplicación la LPRL puesto que el art 5.3 del Real Decreto 63/2006 de 27 de Enero les reconoce el disfrute de los derechos de carácter laboral y los relativos a los de Seguridad Social que deriven del contrato que formalicen .
  • Acciones de voluntariado a través de organizaciones públicas. En principio parecería que dada su falta de laboralidad no les sería de aplicación la LPRL pero dado que el artículo 6 g) de la Ley del Voluntariado establece que la organización para la que desarrollan la acción de voluntariado debe garantizarles la realización de sus actividades en las debidas condiciones de seguridad e higiene. Esto suscita el siguiente problema ¿Si la relación no es laboral que tipo de responsabilidad cabe por el incumplimiento de la misma?. Dado que no seria de aplicación a dichos trabajadores la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social las responsabilidades por su incumplimiento se limitarian a las civiles y penales.

LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

La regulación de los Servicios de Prevención se encuentra en el capítulo IV de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. De las cuatro modalidades de organización que la legislación preve (asunción por el empresario, trabajadores designados, Servicio de Prevención Propio y Servicio de Prevención Ajeno) no parece posible que nos encontremos con la primera (asunción por el empresario). En cuanto a las otras tres modalidades existen determinadas especialidades en cuanto a la administración por no ser los artículos 11,14 y 16.1 del Reglamento de los Servicios de Prevención aplicables a la Administración en virtud de la Disposición Adicional 4ª del mismo que dice que en el ámbito de las Administraciones Públicas, la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas y la definición de las funciones y niveles de cualificación del personal que las lleve a cabo se realizará en los términos que se regulen en la normativa específica que al efecto se dicte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, apartado 1, en la disposición adicional tercera de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en la disposición adicional primera de este Reglamento, previa consulta con las organizaciones sindicales más representativas, siendo sólo de aplicación el Reglamento de los Servicios de Prevención aplicable en defecto de la citada normativa.

De esta forma resulta que la Administración Pública puede dictar normas específicas para regular: la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas. Así por ejemplo en el ámbito de la Administración Pública podríamos encontrarnos con entes administrativos con más de 500 trabjadores (o 250 si realizan las actividades del Anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención) que sin embargo no tuvieran un Servicio de Prevención Propio.

Lo anteriormente dicho también abarca al personal laboral de la Administración y tal es la postura del Tribunal Supremo en STS 3341/2001 de 24 de Abril de 2001. Dicha sentencia trata de una demanda presentada contra la Junta de Castilla y León y la Gerencia de Servicios Sociales por no constituir un Servicio de Prevención Propio a pesar de tener más de 500 trabajadores cada una de ellas y en su fundamento de derecho CUARTO dice la citada sentencia:



En virtud de lo dispuesto en el artículo 31.1 de la ley disposición adicional tercera de la misma, y disposiciones adicional primera y cuarta del Reglamento de 17 de Enero de 1997, es claro que las Administraciones Publicas pueden dictar normativas especificas para regular entre otras materias la organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, normativa especifica que para la Administración General del Estado se concreta en el R. Decreto 10 de julio de 1998 nº 1488, que como se ha razonado no es aplicable a la Comunidad de Castilla-León pero esta falta de regulación especifica parece provisional ya que la propia sentencia recoge en el apartado sexto de hechos probados que hay constancia "de que se ha elaborado un decreto sobre la materia que no ha sido todavía publicado", por ello cuando esta normativa especifica sea promulgada a ella habría quiza que atenerse en lo que es objeto del presente litigio pero en tanto llegue hay que aplicar lo dispuesto en el Reglamento 59/97 como expresamente ordena el párrafo segundo de la disposición adicional cuarta del mismo que dispone: "en defecto de la citada normativa especifica, resultará de aplicación lo dispuesto en este Reglamento". En consecuencia de todo lo razonado precedentemente y aunque tenga una validez provisoria, la aplicación del reglamento conduce a la estimación del recurso, pues conforme al mismo artículo 14, la Junta de Castilla-León ha de constituir un servicio de prevención de riesgos profesionales propio.


 LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Dice el art. 5 del  RD 67/2010 de 29 de Enero de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado  Los Delegados de Prevención serán designados por los representantes del personal con presencia en los ámbitos de los órganos de representación del personal y entre, por una parte, aquellos funcionarios que sean miembros de la Junta de Personal correspondiente y, por otra, los representantes del personal laboral miembros del Comité de Empresa o delegados de personal, pudiendo acordarse otro sistema de designación conforme a lo previsto en el artículo 35.4 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Dicho artículo da a los Delegados de Prevención las mismas competencias , facultades y garantías que para los mismos establecen los artículos 36 y 37 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Por su parte  los Comités de Seguridad y Salud se regulan en su art. 6 siendo los órganos de participación paritarios formados por los delegados de prevención y representantes de la administración en el ámbito de la provincia, en un servicio integrado o delegación de un organismo público cuando tenga más de 50 trabajadores o por edificios cuando existan en las provincias edificios de servicios múltiples, correspondiendo a la Dirección General de la Función Pública la elaboración de criterios aplicables a la constitución, modificación y funcionamiento de los distintos Comités existentes en una provincia.

En cuanto a las Administraciones Autonómicas para conocer la regulación de estos órganos deberiamos acudir a las resoluciones de registro y publicación de acuerdos entre la Administración de la Junta correspondiente y los sindicatos sobre derechos de participación en materia de Prevención de Riesgos Laborales

REGIMEN SANCIONADOR POR INCUMPLIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.




Una de las particularidades de la aplicación del modelo de Prevención de Riesgos resultante de la directiva marco 89/391 CEE traspuesta a nuestro ordenamiento por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es la exclusión de la imposición de sanciones administrativas pecuniarias a las Administraciones Públicas por incumplimientos de las obligaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de autogestión y autoorganización de cada Administración Pública con autonomía, si bien las funciones de control y vigilancia del cumplimiento de sus obligaciones están atribuidas a la Inspección de Trabajo  y Seguridad Social, independientemente de que se trate de personal funcionario, laboral o estatutario, rigiéndose en su actuación respecto de la Administración Pública por el RD 707/2002 de 19 de Julio Reglamento de actuación de la ITSS en la Administración Pública, que es aplicable a la Administración General del Estado y subsidiariamente para el resto de las Administraciones Públicas, la propia Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales cuyo artículo 45 dice:


No obstante lo anterior, en el ámbito de las relaciones del personal civil al servicio de las Administraciones públicas, las infracciones serán objeto de responsabilidades a través de la imposición, por resolución de la autoridad competente, de la realización de las medidas correctoras de los correspondientes incumplimientos, conforme al procedimiento que al efecto se establezca.

En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponderá al Gobierno la regulación de dicho procedimiento, que se ajustará a los siguientes principios:

  1. El procedimiento se iniciará por el órgano competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por orden superior, bien por propia iniciativa o a petición de los representantes del personal.
  2. Tras su actuación, la Inspección efectuará un requerimiento sobre las medidas a adoptar y plazo de ejecución de las mismas, del que se dará traslado a la unidad administrativa inspeccionada a efectos de formular alegaciones.
  3. En caso de discrepancia entre los Ministros competentes como consecuencia de la aplicación de este procedimiento, se elevarán las actuaciones al Consejo de Ministros para su decisión final.

Es necesario matizar lo anteriormente dicho, pues tal y como establece el Criterio Técnico Segundo de los CT 25/00 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social lo que no es posible es la potestad sancionadora autopunitiva de forma que un órgano de la Administración General del Estado no puede practicar acta de infracción alguna a órganos o dependencias de la misma AGE. Si es posible, sin embargo, practicar actas de infracción frente a las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales y entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la AGE. Esta matización al final resulta practicamente intrascendente pues las Comunidades autónomas han asumido las competencias en materia de Inspección de Trabajo y de la misma formano podrá prácticar actas de infracción y sanciones pecuniarias contra órganos y dependencia de la Administración de la Comunidad Autónoma pero si a la Administración local, salvo que la autoridad laboral exprese un criterio diferente de forma razonada. A falta de sanción pecuniaria la Inspección debe advertir o requerir al organismo responsable para que en el plazo que se le señale adopte las medidas para el cumplimiento de la normativa en el Orden Social de conformidad con lo dispuesto en el Art. 7.2 de la Ley 42/1997 de 14 de Noviembre ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.


MAS INFORMACION DE INTERES.




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