Free xml sitemap generator Derecho Laboral y Otras cosas: junio 2016

PRESENTACIÓN.

Con este blog vamos a intentar, a través de la publicación periódica de artículos, dar una visión actual del derecho laboral y de la prevención de riesgos laborales. Intentaremos con dicha información resultar útil a aquellos empresarios, trabajadores y profesionales que estén interesados en estos temas.

lunes, 20 de junio de 2016

LAS PRESTACIONES A CARGO DEL FOGASA.

 

INTRODUCCIÓN.

Los créditos salariales y de indemnización de los trabajadores contra su empresario se han considerado por el Estado, al ser en muchos casos el único medio de vida del trabajador y con el que atiende a su subsistencia y la de su familia, dignos de contar con una cierta protección para los casos de insolvencia o concurso de acreedores del empresario y de esta forma por ejemplo tenemos su consideración como créditos privilegiados o contra la masa  en el concurso de acreedores, lo que hace que dichos créditos cuenten con prioridad a la hora de su pago frente a los denominados créditos ordinarios. Otra forma de protección de los  créditos de los trabajadores son las prestaciones a cargo del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) que protegen los mismos en los casos en los que así lo establece la Ley y de los que vamos a hablar a continuación.

EL FONDO DE GARANTIA SALARIAL.

El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) es un organismo autónomo perteneciente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que garantiza en determinadas circunstancias y con ciertos límites la percepción por los trabajadores de salarios e indemnizaciones a cargo del empresario insolvente o en concurso de acreedores. El FOGASA se financia en parte con fondos públicos y en parte con aportaciones empresariales (cotizaciones).

RESPONSABILIDAD DEL FOGASA.

Podemos distinguir:
  • Responsabilidad subsidiaria:
    • Salarios reconocidos en acto de conciliación o resolución judicial.
    • Salarios de tramitación.
    • Indemnizaciones reconocidas por sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a causa de despido y o extinción de los contratos a causa de despido o extinción de los contratos en los casos de extinción del art. 50 E.Tincumplimiento grave de sus obligaciones por el empresario, art. 51 E.T, despido colectivo, art. 52 c) E.T, amortización individual por causas económicasart. 64 LC, despido colectivo en el seno de un procedimiento concursal, o indemnizaciones por finalización de contrato temporal siempre y cuando correspondan legalmente.
  • Como deudor principal en los casos de extinción de los contratos de trabajo por fuerza mayor.
Es preciso tener cuidado con el título que da lugar al derecho a prestaciones, así por ejemplo el acta de conciliación extrajudicial no es suficiente para generar prestaciones a cargo del FOGASA en el caso de salarios de tramitación o indemnizaciones. Ello puede hacer que en ocasiones no interese llegar a un acuerdo en el SMAC u organismos equivalentes cuando sepamos que la empresa no tiene sus cuentas saneadas pues de lo contrario nos arriesgamos a no cobrar del FOGASA en caso de incumplimiento de lo acordado por la empresa.

CUANTIA DE LA PRESTACIÓN.

El FOGASA NO SE HACE CARGO DEL TOTAL DE LOS SALARIOS E INDEMNIZACIONES adeudadas por el empresario sino que su responsabilidad esta limitada Art. 33 E.T de la siguiente manera:
  • SALARIOS INCLUYENDO LOS DE TRAMITACIÓN: El FOGASA no podrá abonar una cantidad que exceda de multiplicar el doble de SMI diario, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de 120 días. En el año 2016 el SMI diario con prorrata de pagas extraordinarias es de 50,35 € y por tanto el límite salarial que abona de 6.042 €.
  • INDEMNIZACIÓN: Aquí hemos de distinguir de nuevo dos situaciones:
    • En los supuestos de extinción colectiva y despido objetivo, siempre que no se declare nulo o improcedente, se calculará sobre la base de 20 días de salario por año de servicio sin que el salario diario, base del cálculo pueda exceder del doble del SMI, con inclusión de la parte proporcional de pagas extras, ni una anualidad como máximo (18.377,75 €).
    • En los supuestos de despido nulo, improcedente o en los casos de extinción del contrato por voluntad del trabajador cuando exista causa justa el límite será de 30 días por año de servicio de igual manera sin que pueda exceder del doble del SMI, con inclusión de parte proporcional de las pagas extras, ni una anualidad como máximo (18.377,75 €).

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE LAS PRESTACIONES.

Es objeto de regulación en el Real Decreto 505/1985 de 6 de marzo. El procedimiento puede comenzar de oficio o a instancia de los interesados, con la presentación de la solicitud de prestaciones ante la unidad administrativa del Fondo de Garantía Salarial o en cualquier oficina o registro. En la solicitud se harán constar los datos del trabajador, la empresa, representante del trabajador, si lo hubiera, datos bancarios para realizar el ingreso de las prestaciones y documentación que acompaña a la solicitud, que dependerá del motivo que origina el derecho a las prestaciones (sentencia judicial, certificado de la administración concursal, conciliación administrativa (sólo en el caso de reclamación de salarios), etc.
 
El plazo para solicitar las prestaciones del FOGASA es de un año desde la resolución en que se reconozca la deuda por salarios o indemnizaciones conforme al art. 33 del E.T. si bien en aquellos casos en que el art. 33 exige que la insolvencia del empresario entre en juego es doctrina jurisprudencial unificada que el plazo de un año empieza a contar desde que el auto de declaración de insolvencia sea firme (SSTS 24/02/1998, 17/12/1999, 03/07/2001), siempre que el crédito no este prescrito.
 
Una vez concluida la instrucción del expediente se remite al Secretario General del FOGASA para dictar resolución sobre reconocimiento de prestaciones. Dicha resolución habrá de dictarse en el plazo máximo de 3 meses contados desde la presentación de la solicitud. Si no se hace así nos podemos encontrar con dos posibilidades:
  • Si el procedimiento se ha iniciado a instancia de parte el silencio administrativo se entiende positivo y procede el abono de las prestaciones (STS 16/03/2015).
  • Si el procedimiento se ha iniciado de oficio se entiende que el silencio administrativo es negativo y por tanto se han denegado las prestaciones solicitadas, si bien subsiste la obligación del FOGASA de dictar la correspondiente resolución.
Contra la resolución que agota la vía administrativa se puede interponer demanda ante el Juzgado de lo Social en el plazo de 2 meses.
 

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